Defensa detecta gastos millonarios en drones inexistentes
La gestión de Petri analiza los contratos que la gestión de Cristina Kirchner firmó con diversas empresas que debían proveer material militar como cazas de ataque y remolcadores.
La administración de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa se encuentra en pleno proceso de revisión de contratos firmados durante el mandato de Cristina Kirchner. Este análisis exhaustivo se centra en una serie de acuerdos que abarcan el desarrollo de drones, aviones, modernización de tanques y embarcaciones militares, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y desvíos de fondos públicos.
Las primeras conclusiones del análisis han revelado que el Estado argentino destinó más de $200 millones al desarrollo del Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), un ambicioso proyecto que tenía como meta la creación de dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados. Según documentos a los que accedió TN, el proyecto no solo excedió el presupuesto asignado, sino que también quedó estancado, sin entregar los resultados esperados.
El contrato para el desarrollo del SARA fue suscrito en 2015 entre el Ministerio de Defensa y INVAP, una reconocida empresa tecnológica nacional. El acuerdo establecía que, a cambio de un monto total de $2.095.900.000, se desarrollarían dos prototipos operativos de drones, una estación de control terrestre, sistemas de comunicación y tecnología para blancos aéreos de alta velocidad. Sin embargo, a pesar de que se desembolsaron alrededor de $200.470.000 y otros $45 millones facturados pero aún no cobrados, el proyecto entró en stand by en 2016 y, en 2017, el entonces Ministro de Defensa, Oscar Aguad, solicitó un informe detallado sobre el avance del contrato.
La falta de progreso en el contrato SARA no es el único foco de preocupación para la actual gestión. Durante la reciente entrega de cinco tanques TAM modernizados, Luis Petri expresó su malestar por el estado de los proyectos de defensa previos. "Se llevan invertidos más de 21 millones de dólares en proyectos para la realización de drones, y al día de hoy no tenemos un solo dron de fabricación nacional", remarcó Petri, añadiendo que uno de sus principales objetivos es "tener, fabricar, producir drones en la República Argentina para que posibiliten el control y vigilancia de nuestras fronteras, el control y vigilancia de nuestro espacio aéreo marítimo".
Además del proyecto SARA, Petri y su equipo están revisando otras iniciativas y contratos de la administración kirchnerista que también enfrentan demoras significativas y problemas de ejecución. Entre estos contratos se encuentra el desarrollo de aviones Pampa, Pucará e IA100, en el que también se investiga si se destinaron millones de dólares a proyectos que no se concretaron.
Para abordar estas irregularidades, el Ministerio de Defensa ha solicitado una serie de auditorías a distintas empresas del sector, incluyendo la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE). El objetivo de estas auditorías es evaluar si hubo delitos penales en la asignación de los fondos públicos o si existió algún tipo de desvío de dinero destinado a proyectos de defensa.
